- Meta alcanza un acuerdo histórico en EE. UU. para limitar el uso de Instagram y Facebook a dos horas diarias para menores, con bloqueo nocturno y restricción de notificaciones.
- La prohibición en Australia no ha logrado reducir el uso real de redes sociales entre adolescentes, que vuelven a las plataformas mediante VPN o falsificación de edad.
- Europa y España debaten entre la regulación legal y la educación digital, mientras la Comisión Europea estudia medidas similares a las de EE. UU.
- Los expertos insisten en que la restricción debe ir acompañada de educación digital y control parental para ser efectiva.

El acuerdo alcanzado por Meta con los fiscales generales de Estados Unidos ha marcado un antes y un después en la forma en que las grandes tecnológicas abordan la protección de los menores en sus plataformas. La compañía, que afrontaba una demanda conjunta por salud mental por diseñar Instagram y Facebook con patrones adictivos, ha aceptado pagar 17.000 millones de dólares y, lo más relevante, implementar una serie de restricciones que limitan el tiempo de uso de los adolescentes a dos horas diarias, bloquean el acceso nocturno y silencian las notificaciones en horario escolar. Este movimiento, que algunos comparan con las sanciones a la industria tabacalera de hace décadas, sienta un precedente que podría extenderse a Europa y, en particular, a España.
La presión judicial ha sido el detonante. La demanda, impulsada por fiscales de 29 estados, acusaba a Meta de explotar la vulnerabilidad de los menores mediante algoritmos diseñados para maximizar el tiempo de conexión, ocultar los riesgos de seguridad y tratar los datos de los jóvenes con fines comerciales. Aunque la multa es inferior a los 200.000 millones que se reclamaban inicialmente, el compromiso de modificar el funcionamiento de las plataformas es un cambio cualitativo. Meta ha reconocido implícitamente que sus productos pueden ser perjudiciales para la salud mental de los adolescentes y ha aceptado medidas que van más allá de lo que había hecho voluntariamente en Europa.
Las medidas concretas de Meta para proteger a los menores
El paquete de cambios anunciado por Meta incluye un límite de dos horas diarias de uso combinado de Instagram y Facebook para usuarios menores de 17 años, una opción que estará activada por defecto y que solo podrá desactivar un progenitor o tutor. Además, se enviarán avisos cada 15, 60 y 90 minutos para interrumpir el llamado doomscrolling, y se bloquearán las publicaciones, historias y reels entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, aunque la mensajería seguirá disponible. Las notificaciones se silenciarán automáticamente entre las 8:00 y las 15:00, excepto los mensajes directos y las alertas de seguridad.
Otra de las novedades más significativas es la posibilidad de desactivar el algoritmo de recomendación, de modo que los adolescentes puedan ver únicamente el contenido de las cuentas que siguen, sin sugerencias personalizadas. También se eliminará el scroll infinito, obligando a realizar un gesto manual para pasar de un vídeo a otro, y se ocultará el número de likes en las publicaciones. Meta se ha comprometido además a restringir los filtros de belleza que simulan cirugías estéticas o maquillaje extremo, y a reforzar los sistemas de verificación de edad para expulsar a los menores de 13 años que se hagan pasar por adultos.
Estas medidas, que se aplicarán en todos los estados de EE. UU. excepto Nuevo México y Florida, no son solo un gesto simbólico. Meta ha condicionado el 30% de la multa a que sus principales competidores, TikTok, Snapchat y YouTube, adopten restricciones similares. La compañía ha iniciado una campaña publicitaria en periódicos de gran tirada para presionar a sus rivales, lo que indica que el acuerdo podría transformar la industria en su conjunto. Los inversores, por su parte, han reaccionado con una subida de las acciones superior al 1%, interpretando que la compañía ha disipado uno de sus principales riesgos legales.
La ineficacia de la prohibición en Australia
Mientras Meta negocia con los tribunales, la experiencia de Australia, el primer país en prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años, ofrece lecciones importantes. La ley, que entró en vigor en diciembre de 2025, obligaba a plataformas como Instagram, TikTok, Snapchat y YouTube a bloquear a los usuarios menores de 16 años bajo amenaza de multas de hasta 99 millones de dólares australianos. Sin embargo, un informe de la empresa de control parental Qustodio, con sede en Barcelona, revela que ocho meses después de la prohibición, el uso de redes sociales entre los adolescentes ha vuelto a niveles casi idénticos a los anteriores.
Según los datos de Qustodio, el uso de TikTok entre menores de 13 a 15 años cayó del 26,95% en noviembre al 21,13% en enero, pero en julio ya había repuntado hasta el 25,96%, apenas un punto por debajo de la tasa previa. Snapchat, que registró la mayor caída inicial (del 34,12% al 18,09%), también ha comenzado a recuperarse, alcanzando el 20,33% en julio. Instagram, por su parte, descendió del 26,59% al 15,58% tras la prohibición, pero ya muestra signos de recuperación con un 17,20%. Estos datos son especialmente reveladores porque proceden de menores cuyas familias utilizan herramientas para monitorizar redes sociales, lo que sugiere que el uso real podría ser aún mayor.
El informe también destaca un fenómeno inesperado: el aumento del uso de WhatsApp como alternativa a las redes sociales. Al no estar sujeto a la prohibición, la aplicación de mensajería se convirtió en un refugio para los adolescentes, que aprovecharon funciones como los estados, la edición de fotos o la incorporación de música. El uso de WhatsApp entre menores de 13 a 15 años pasó del 27,44% al 35,98% después de las restricciones, y aunque muchos han vuelto a sus antiguas redes, la actividad en la aplicación de mensajería se ha mantenido. Los expertos señalan que los menores están utilizando VPN para simular su ubicación o falsificando su fecha de nacimiento, lo que demuestra que la prohibición por sí sola no es efectiva si no va acompañada de educación digital y control parental.
Europa y España: entre la regulación y la educación
El debate sobre la restricción de redes sociales a menores también está muy presente en Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha propuesto establecer una edad mínima de 13 años para acceder a las plataformas y limitar el tiempo de pantalla a entre 4 y 6 horas diarias. La propuesta, que aún está en fase inicial, ha generado críticas y apoyos, pero coincide con las investigaciones que la Comisión ha abierto contra TikTok, Instagram y Facebook por su carácter adictivo en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA).
En España, el Consejo General de la Psicología ha valorado positivamente el acuerdo de Meta en EE. UU., pero advierte de que la regulación debe ir acompañada de educación digital y acompañamiento familiar. José Antonio Luengo, vicepresidente primero del Consejo, señala que “hasta una determinada edad, las redes sociales, tal como están configuradas ahora, son un auténtico peligro”, pero insiste en que proteger a los menores no es solo regular o prohibir, sino también educar. Raquel Beraiz, psicóloga y cofundadora de Psicosnet, coincide en que la vía legal es necesaria pero no suficiente, y subraya que “es una responsabilidad compartida” entre familias, plataformas y administraciones.
La experiencia francesa, sin embargo, muestra las dificultades de aplicar restricciones genéricas. El Consejo Constitucional de Francia ha anulado la prohibición de redes sociales para menores de 15 años al considerar que vulnera de forma desproporcionada la libertad de expresión y no ofrece garantías suficientes para proteger la privacidad de los datos. Esta decisión pone de relieve la necesidad de definir con precisión qué se considera red social, cómo se verifica la edad y cómo se equilibran los derechos fundamentales. En este contexto, la propuesta de Meta de limitar el uso a dos horas diarias y bloquear el acceso nocturno podría servir de modelo para una regulación europea más matizada.
Por último, los expertos coinciden en que las medidas de restricción deben basarse en la evidencia y evaluarse posteriormente. El estudio sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes, que ha sido criticado por su tamaño del efecto pequeño y su diseño transversal, demuestra que la asociación entre redes y malestar existe pero es limitada. Los factores sociodemográficos, como el nivel socioeconómico o la estructura familiar, tienen un peso mucho mayor en el bienestar de los menores. Por tanto, la prohibición no solo puede ser inefectiva, sino que podría crear espacios menos seguros para los colectivos más vulnerables, que utilizan las redes como red de apoyo.
En definitiva, el acuerdo de Meta en Estados Unidos, la ineficacia de la prohibición en Australia y el debate europeo apuntan a un cambio de paradigma en la protección de los menores en el entorno digital. Las empresas tecnológicas empiezan a asumir su responsabilidad, pero la solución no puede reducirse a un límite de tiempo o a un bloqueo por edad. La educación digital, el control parental y la transparencia de los algoritmos son elementos imprescindibles para garantizar que los adolescentes naveguen de forma segura y saludable. La pregunta ya no es si se deben restringir las redes sociales, sino cómo hacerlo de manera efectiva y sin vulnerar otros derechos fundamentales.
Editor profesional de Tecnología y Software
