- Un jurado de Los Ángeles analiza si Instagram y YouTube están diseñados para generar adicción en menores.
- Kaley, una joven de 20 años, acusa a Meta y Google de haber dañado su salud mental desde la infancia.
- Mark Zuckerberg defiende que Instagram es una herramienta “útil” y niega una estrategia deliberada para enganchar a los adolescentes.
- El proceso puede marcar un precedente para cientos de demandas y acelerar nuevas regulaciones, también en Europa.
El juicio por la presunta adicción que genera Instagram en menores se ha convertido en uno de los procesos más seguidos del momento y está poniendo bajo los focos el modelo de negocio de las grandes plataformas. Un tribunal de Los Ángeles intenta aclarar si las funciones y algoritmos de redes como Instagram y YouTube están pensados, más que para informar o entretener, para mantener a adolescentes pegados a la pantalla durante horas.
En el centro de la causa está Kaley (K.G.M.), una joven californiana de 20 años que empezó a usar redes sociales antes de los diez años y que asegura haber desarrollado una fuerte dependencia a Instagram y YouTube, acompañada de ansiedad, depresión, dismorfia corporal y pensamientos suicidas. Lo que decida el jurado en su caso puede condicionar cientos de demandas similares ya presentadas contra Meta, Google y otras tecnológicas en Estados Unidos, y reforzar los argumentos de los reguladores europeos que buscan limitar los riesgos de las redes para los menores.
Un caso emblemático: la historia de Kaley y el arranque del juicio
La demandante, identificada en documentos judiciales como K.G.M. o Kaley, creció en una pequeña localidad de California y se introdujo en el ecosistema digital a una edad que, sobre el papel, estaba vetada por las propias plataformas. Según la demanda, empezó a usar YouTube con solo seis años, abrió su primera cuenta de Instagram a los nueve, se pasó a TikTok (entonces Musical.ly) alrededor de los diez y se unió a Snapchat poco después.
Su familia describe una escalada de uso compulsivo durante la infancia y la adolescencia. Cuando su madre intentaba retirarle el móvil, Kaley sufría ataques de pánico y episodios de ira descontrolada. Los abogados sostienen que esa conducta no es un simple «enganche» pasajero, sino el resultado de mecánicas de diseño que explotan la vulnerabilidad psicológica de los menores para mantenerlos conectados constantemente.
En la primera fase del juicio, el letrado de la joven, Mark Lanier, llegó a mostrar al jurado un enorme panel con cientos de fotografías publicadas por Kaley en Instagram para ilustrar, de forma gráfica, la intensidad de su uso. En algunas ocasiones, según los registros aportados, la demandante llegó a pasar más de 16 horas seguidas en la aplicación, una cifra que incluso el actual jefe de Instagram ha reconocido como «uso problemático».
El proceso no solo mira a Meta. Google, propietaria de YouTube, comparte banquillo, aunque su defensa intenta rebajar su peso en el caso: los datos presentados señalan que apenas una fracción de las interacciones diarias de Kaley tenían lugar en YouTube, frente al protagonismo de TikTok, Snapchat e Instagram. Aun así, la acusación mantiene que el problema no se limita a una sola aplicación, sino a un patrón de diseño extendido en la industria.
Mark Zuckerberg ante el jurado: defensa del modelo de Instagram
La sesión más mediática del juicio ha sido, sin duda, la declaración de Mark Zuckerberg. El consejero delegado de Meta se ha sentado por primera vez ante un jurado para responder directamente sobre la forma en que se diseñan Instagram y Facebook y sobre su impacto en menores, en una sala repleta de periodistas y de padres que culpan a las redes sociales de la muerte o el deterioro psicológico de sus hijos.
Zuckerberg ha defendido que Instagram es “valioso, no perjudicial” y que el propósito central de la compañía es ofrecer servicios útiles para que la gente pueda conectar con familia y amigos y aprender sobre el mundo. A preguntas del abogado Lanier, ha rechazado tajantemente que la empresa fijara como objetivo convertir la aplicación en algo adictivo, aunque ha admitido que en los primeros años sí se marcaron metas relacionadas con aumentar el tiempo de uso.
Entre los documentos presentados por la acusación figura un memorando interno de 2015 en el que se hablaba de «revertir la tendencia adolescente» y de impulsar en torno a un 10-12 % el tiempo que los usuarios pasaban en Instagram. Zuckerberg ha respondido que esas metas formaban parte de una forma de gestionar la compañía que, según él, ya no se utiliza, y ha insistido en que actualmente el foco está en la «utilidad» y la calidad de la experiencia.
El máximo responsable de Meta ha negado también que mintiera en su comparecencia de 2024 ante el Congreso de Estados Unidos, cuando aseguró que no se había dado a los equipos de producto el mandato de maximizar el tiempo de permanencia. Ante la acusación de contradicciones con los correos internos, ha respondido que discrepa profundamente de esa interpretación y que su testimonio fue exacto a su entender.
Menores de 13 años en Instagram: entre la norma y la realidad
Uno de los puntos más delicados del interrogatorio ha sido la presencia de niños menores de 13 años en Instagram, algo que las reglas de la plataforma prohíben expresamente. Zuckerberg ha reiterado que la política oficial siempre ha sido clara: no se permite el acceso a usuarios por debajo de esa edad mínima.
Sin embargo, los abogados han enseñado documentos internos de Meta que estimaban que, ya en 2015, más de cuatro millones de usuarios de Instagram eran menores de 13 años, lo que equivaldría a alrededor del 30 % de todos los niños de entre 10 y 12 años de Estados Unidos. Según la acusación, la empresa no solo era consciente de esa realidad, sino que habría llegado a ver a los preadolescentes como un segmento clave a “incorporar” para asegurar el éxito futuro entre los adolescentes.
Zuckerberg ha reconocido que muchos menores mienten sobre su edad para poder abrir cuentas, y ha descrito la verificación como un problema «muy difícil» desde el punto de vista técnico y de privacidad. Durante años, Instagram se limitó a pedir a los nuevos usuarios que confirmaran que tenían más de 13 años, sin exigir una fecha de nacimiento específica, una práctica que no cambió hasta diciembre de 2019.
La acusación subraya que, cuando Kaley se registró en la plataforma, ni siquiera se le preguntó la edad, por lo que la empresa no puede descargar toda la responsabilidad en el usuario. Para el abogado Lanier, el hecho de que Meta tardara tanto en introducir controles básicos demuestra que la compañía priorizó el crecimiento y la captación de jóvenes por encima de la protección de los menores.
El ejecutivo, por su parte, ha señalado que Meta ha ido incorporando herramientas proactivas para detectar cuentas sospechosas, pedir información adicional e impedir el uso a quienes no cumplen la edad mínima. Al mismo tiempo, ha insistido en que ojalá hubieran podido llegar antes a ese equilibrio entre seguridad y privacidad.
Funciones “adictivas”: scroll infinito, vídeos automáticos y notificaciones
El núcleo de la querella no se limita a la edad de acceso. Lo que discute el tribunal es si determinadas funciones de diseño de Instagram y YouTube han sido creadas deliberadamente para generar dependencia, de forma parecida a lo que sucede con el juego o el tabaco. Los abogados de la demandante apuntan directamente al scroll infinito, la reproducción automática de vídeos, las recomendaciones mediante algoritmos personalizados y la avalancha de notificaciones como ejemplos de mecánicas que empujan al usuario a no soltar el móvil.
Lanier ha llegado a comparar estas plataformas con “máquinas tragaperras en el bolsillo”: cada vez que un adolescente desliza el dedo por la pantalla, realiza un pequeño gesto que puede premiarse con nuevos contenidos, reacciones y estímulos sociales, un patrón que, según la acusación, activa los circuitos de recompensa del cerebro de forma similar a los juegos de azar.
La defensa de Meta y Google niega que haya un plan encubierto para generar adicción. Los abogados de las compañías sostienen que los algoritmos y estas funcionalidades están pensados para personalizar y mejorar la experiencia, no para provocarla. Señalan, además, que muchas de estas opciones pueden desactivarse por el propio usuario y que, en el caso de YouTube, la joven habría pasado de media menos de 30 minutos al día en la plataforma durante los últimos años.
Para reforzar su posición, Meta recuerda que ha introducido controles parentales, límites de tiempo y ajustes más restrictivos por defecto en las cuentas de adolescentes. También asegura haber reducido la exposición a contenidos especialmente sensibles para los menores, como ciertos temas relacionados con imagen corporal, autolesiones o trastornos alimentarios.
No obstante, expertos en adicciones juveniles citados en el proceso sostienen que el problema no es solo la existencia de estas funciones, sino la forma en que se combinan en sistemas de recomendación opacos que priorizan el tiempo de permanencia, aunque eso suponga empujar a los usuarios hacia burbujas de contenido potencialmente dañino.
Filtros de belleza, autoestima y salud mental
Otro bloque controvertido del juicio gira en torno a los filtros de belleza en Instagram. Los abogados de Kaley han presentado correos y evaluaciones internas que apuntan a que la propia Meta contrató expertos para estudiar el impacto de estos filtros en la imagen corporal, sobre todo entre chicas adolescentes.
Según esos informes, determinados efectos que simulan cirugía estética, maquillaje extremo o cambios drásticos en la figura pueden reforzar inseguridades, comparaciones constantes y una sensación de no estar a la altura de los cánones que se muestran en la pantalla. Ese escenario, argumenta la acusación, habría contribuido a que jóvenes como Kaley desarrollaran dismorfia corporal y baja autoestima.
Zuckerberg ha reconocido que en la compañía se discutió extensamente qué hacer con este tipo de filtros. Al final, se optó por una solución intermedia: no crearlos ni impulsarlos desde la propia Meta, pero permitir que los usuarios los diseñen y los usen, con la condición de no darles un papel destacado en las recomendaciones.
El directivo ha defendido que esa decisión responde a un equilibrio entre libertad de expresión y protección. A su juicio, para restringir funciones de este tipo harían falta «pruebas sólidas» de un daño causal directo, algo que, según él, no se habría demostrado con suficiente claridad hasta la fecha.
La acusación considera insuficiente ese enfoque y sostiene que, aun sin datos perfectos, el volumen de indicios científicos acumulado sobre el efecto de estas herramientas en la salud mental adolescente debería haber llevado a Meta a adoptar restricciones mucho más contundentes.
Padres, expertos y el paralelismo con el tabaco
Al margen de los aspectos más técnicos, el juicio está cargado de un fuerte componente emocional. A las puertas del tribunal se concentran padres de todo Estados Unidos que culpan a las redes sociales de la muerte o del deterioro psicológico de sus hijos. Algunos han relatado cómo sus menores se suicidaron tras años de uso intensivo de estas plataformas y han reclamado que se exijan responsabilidades reales a las empresas.
Dentro de la sala, el jurado escuchará a peritos en psicología infantil y en adicciones comportamentales, que tratarán de explicar si el comportamiento de Kaley encaja o no con un cuadro de dependencia tecnológica. La defensa recuerda que en su historial médico, muy extenso, no se recoge formalmente un diagnóstico de adicción y que algunos profesionales que la trataron no la veían como una adicta en sentido estricto.
La estrategia de los abogados de Meta y Google incluye destacar otros factores de riesgo en la vida de la joven, como conflictos familiares, acoso escolar o traumas previos. Argumentan que, incluso sin Instagram o YouTube, la demandante podría haber sufrido los mismos problemas de salud mental, y que es un error atribuir todo el daño a las redes sociales.
Por su parte, Lanier y el equipo que representa a Kaley comparan la situación con la historia de la industria del tabaco o de los opioides: empresas que durante años, afirman, conocieron los riesgos de sus productos y aun así los priorizaron frente a la seguridad de los usuarios. Señalan proyectos internos como el llamado “Project Mercury”, un estudio sobre efectos negativos de las redes que se canceló en Meta alegando limitaciones metodológicas, como símbolo de una tendencia a minimizar los resultados incómodos.
Si los primeros juicios se resuelven en contra de las tecnológicas, podrían abrir la puerta a indemnizaciones multimillonarias y a cambios estructurales en el diseño de productos digitales dirigidos o accesibles a menores. El volumen de litigios —se habla de más de 1.500 demandas en marcha en Estados Unidos— recuerda a los grandes procesos colectivos que transformaron el marco regulatorio de otros sectores.
Impacto internacional: ecos en España y en la regulación europea
Aunque el caso se juzga en California, las implicaciones trascienden con mucho las fronteras estadounidenses. En Europa, y en países como España, el debate sobre la salud mental juvenil y el uso intensivo de redes sociales está muy presente en agendas políticas, informes sanitarios y conversaciones familiares.
La Unión Europea ya ha dado pasos significativos con normas como la Ley de Servicios Digitales (DSA), que obliga a las grandes plataformas a evaluar y mitigar riesgos sistémicos, en especial los que afectan a menores. Entre otras cosas, la normativa europea exige más transparencia sobre cómo funcionan los algoritmos de recomendación, limita la publicidad dirigida a niños y refuerza la supervisión de contenidos potencialmente dañinos.
En este contexto, el juicio de Los Ángeles se observa desde Europa como un termómetro de hasta dónde están dispuestos los tribunales a responsabilizar directamente a las empresas por el diseño de sus servicios. Un veredicto que reconozca un vínculo entre ciertas funciones de Instagram y daños psicológicos en menores podría respaldar políticamente a los reguladores europeos que reclaman restricciones adicionales.
En España, el debate se cruza con discusiones sobre la edad mínima para tener móvil, la educación digital en las aulas y el papel de las familias. Mientras tanto, plataformas como Instagram y TikTok insisten en que colaboran con autoridades y organizaciones independientes para mejorar la seguridad y los controles parentales, aunque asociaciones de padres y expertos en salud mental consideran que los cambios siguen siendo insuficientes.
El caso de Kaley también pone sobre la mesa la dificultad práctica de aplicar eficazmente límites de edad en Internet. La mayoría de propuestas para Europa pasan por combinar más herramientas de verificación, sistemas de supervisión parental y campañas de concienciación, sin perder de vista la necesidad de proteger la privacidad y los derechos de los menores.
Mientras el juicio de Los Ángeles continúa, con la comparecencia de directivos de redes sociales, testimonios de expertos y el relato de la propia Kaley pendiente de oírse, la discusión sobre la adicción a Instagram se ha instalado en el centro del debate público. Más allá de lo que decida el jurado, el proceso ya ha obligado a Meta, Google y al resto del sector a justificar ante la opinión pública qué lugar ocupa realmente la protección de los menores en la forma en que diseñan y actualizan sus plataformas.
Editor profesional de Tecnología y Software