- La Comisión Europea ha declarado a ChatGPT "motor de búsqueda en línea de muy gran tamaño" bajo la DSA al superar los 45 millones de usuarios mensuales en la UE.
- Esta designación activa obligaciones reforzadas sobre riesgos sistémicos, transparencia y protección de menores, con un plazo de cuatro meses para adaptarse.
- Bruselas gana nuevas facultades de investigación directa sobre los algoritmos y funcionalidades que sustentan ChatGPT.
- La medida integra por primera vez un gran servicio de IA generativa en el régimen más estricto de supervisión digital de la Unión Europea.
La Unión Europea ha dado un salto importante en su forma de controlar a las grandes plataformas digitales al incorporar por primera vez a un chatbot de inteligencia artificial generativa al grupo de servicios sometidos a vigilancia reforzada. ChatGPT, el servicio de IA de OpenAI, pasa a estar bajo el foco directo de Bruselas por su enorme alcance entre los usuarios europeos y por el papel que empieza a jugar como puerta de entrada a la información en internet.
La decisión no se limita a una etiqueta simbólica: la nueva categoría implica que ChatGPT deberá cumplir con las normas más estrictas de la Ley de Servicios Digitales (DSA), un marco legal que busca reducir los riesgos que generan las plataformas de gran escala sobre los derechos fundamentales, la seguridad pública y, en general, sobre cómo se informa y se relaciona la ciudadanía en Europa.
ChatGPT entra en la categoría de «muy gran motor de búsqueda online»
La Comisión Europea ha comunicado oficialmente que ChatGPT pasa a ser considerado un Very Large Online Search Engine (VLOSE), la categoría reservada a los motores de búsqueda en línea que alcanzan al menos 45 millones de usuarios activos mensuales dentro de la Unión Europea. Hasta ahora, solo Google Search y Bing figuraban en ese listado, lo que da una idea del salto que supone incluir a un servicio de IA conversacional en el mismo grupo.
Esta designación llega después de que OpenAI notificara a Bruselas que ChatGPT registra una media de más de 45 millones de usuarios al mes en el mercado europeo, superando con holgura el umbral que marca la DSA. De hecho, en la documentación remitida a la Comisión se indica que el servicio habría alcanzado del orden de 159 millones de usuarios mensuales en la UE, más de tres veces el mínimo fijado por la normativa comunitaria.
El énfasis de Bruselas no está solo en la cifra de usuarios, sino en la naturaleza del servicio. Aunque ChatGPT nació como un sistema de IA conversacional, la Comisión subraya que una parte sustancial de su actividad consiste en contestar preguntas buscando y organizando información obtenida en la web. Esa combinación de diálogo y función de búsqueda lleva al Ejecutivo comunitario a calificarlo como un «servicio híbrido» que, a efectos de la DSA, encaja en la definición operativa de motor de búsqueda en línea de muy gran tamaño.
La vicepresidenta ejecutiva responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha defendido que tanto ChatGPT como otras grandes plataformas incluidas en este paquete estarán sometidas a un nivel de escrutinio y rendición de cuentas acorde con su impacto sobre la sociedad europea. Su mensaje, repetido en distintos comunicados y recogido por medios europeos e internacionales, deja claro que el criterio central es el alcance real entre los ciudadanos del bloque.
Qué cambia con la DSA para ChatGPT
La entrada de ChatGPT en el régimen de «muy gran motor de búsqueda» activa un conjunto de obligaciones reforzadas sobre el servicio y sobre los sistemas que lo sostienen. Estas exigencias se suman a las reglas generales de la DSA, que ya se aplican al resto de plataformas y buscadores que operan en el mercado europeo, pero elevan la intensidad del control por el potencial impacto del servicio.
En primer lugar, ChatGPT tendrá que realizar de forma periódica una evaluación en profundidad de los riesgos sistémicos asociados a su funcionamiento. Esto incluye analizar cómo sus algoritmos y modelos pueden contribuir, directa o indirectamente, a la difusión de contenidos ilícitos, a la vulneración de derechos fundamentales o a alterar de manera relevante el debate público y la seguridad en la red.
Un segundo bloque de obligaciones se centra en la protección de los menores y el bienestar físico y mental de los usuarios. La DSA insiste en que los servicios designados deben estudiar el efecto de sus funcionalidades sobre los menores de edad –incluidos posibles usos adictivos o dañinos– y aplicar medidas concretas para mitigar esos riesgos, reforzando los controles parentales y herramientas de seguridad, las advertencias y los mecanismos para limitar el acceso a determinados tipos de contenido.
Además, el marco regulador obliga a tener en cuenta el impacto del servicio sobre procesos electorales, discurso cívico y seguridad pública. En el caso de un chatbot capaz de generar respuestas complejas, de resumir información política o de responder a consultas sensibles, la Comisión quiere asegurarse de que no se convierte en un canal que amplifique desinformación, incite a la violencia o distorsione la participación democrática en los Estados miembros.
La DSA refuerza también las exigencias de transparencia sobre el funcionamiento interno del servicio. ChatGPT deberá aportar más información sobre la lógica de sus sistemas de recomendación y de respuesta, sobre la forma en que se moderan los contenidos y sobre los criterios que se utilizan para priorizar determinada información frente a otra cuando responde a preguntas de los usuarios europeos.
Plazos, supervisión y posibles sanciones
La notificación de Bruselas no se queda en un simple aviso. A partir de su designación oficial como VLOSE, ChatGPT dispone de cuatro meses para adaptar sus sistemas y procesos a las obligaciones reforzadas de la DSA. Fuentes comunitarias sitúan el límite en torno a finales de año, en un calendario que se ha venido repitiendo en diferentes comunicaciones sobre grandes plataformas y buscadores.
Durante ese periodo, la compañía deberá documentar con detalle las medidas adoptadas para identificar, evaluar y mitigar los riesgos sistémicos. Ese trabajo incluye la elaboración de informes específicos, la revisión de las herramientas de moderación de contenidos, la implantación de procesos internos para gestionar las alertas sobre contenidos ilegales y la adaptación de la interfaz cuando se considere que puede inducir a error o perjudicar a determinados colectivos, especialmente a menores.
Superado el plazo de adaptación, la Comisión Europea pasa a tener la competencia directa para comprobar el cumplimiento de la normativa en el caso de ChatGPT. La institución podrá abrir investigaciones formales, exigir información adicional, realizar auditorías externas y, si detecta infracciones graves o reiteradas, proponer sanciones económicas. La DSA fija como tope multas de hasta el 6 % de la facturación global anual de la empresa responsable del servicio.
La supervisión no se ejerce en solitario desde Bruselas. El modelo diseñado por la DSA reparte el trabajo entre la Comisión y los Coordinadores de Servicios Digitales de los Estados miembros, los reguladores nacionales encargados de vigilar la aplicación de la ley en su territorio. En el caso de ChatGPT, esa labor se realizará en cooperación con el coordinador irlandés, Coimisiún na Meán, ya que allí se encuentra la sede europea vinculada al servicio.
Conviene recordar que esta arquitectura de control ya ha demostrado tener consecuencias muy tangibles. La Comisión ha abierto más de una docena de expedientes contra grandes plataformas desde la entrada en vigor de la DSA y ha impuesto sanciones millonarias a servicios que no han cumplido con sus obligaciones, lo que refuerza el mensaje de que el régimen aplicado a ChatGPT no es meramente declarativo.
Un nuevo frente regulatorio para la inteligencia artificial generativa
Hasta ahora, el grueso de la regulación europea sobre servicios digitales de gran escala se había centrado en redes sociales, mercados en línea y buscadores clásicos. La decisión de incluir a ChatGPT como motor de búsqueda de muy gran tamaño amplía de forma explícita ese perímetro a los servicios construidos sobre inteligencia artificial generativa cuando alcanzan una presencia masiva entre los usuarios europeos.
Esta incorporación no sustituye a otras normas específicas sobre IA que la Unión Europea ha ido aprobando en los últimos años, pero sí las complementa. El movimiento de Bruselas lanza el mensaje de que no solo importa cómo funcionan los modelos desde el punto de vista técnico, sino también cómo se integran en servicios concretos que, en la práctica, actúan como intermediarios esenciales para acceder a información, comunicarse o tomar decisiones. Al respecto, ya existen casos donde se demanda el uso de IA por falta de transparencia y equidad.
El elemento clave para la designación de ChatGPT no es únicamente que utilice técnicas de IA avanzada, sino la combinación de volumen de usuarios, funcionalidades ofrecidas y papel como filtro de información. La capacidad del sistema para dar respuestas directas –en muchas ocasiones sustituyendo la navegación tradicional por páginas de resultados– puede alterar los hábitos de consulta de millones de personas y abrir la puerta a riesgos nuevos o amplificados en materia de contenido ilegal, sesgos o desinformación.
La Comisión ha dejado claro que seguirá vigilando de cerca la evolución del ecosistema digital europeo y que no dudará en añadir otros servicios al régimen reforzado cuando crucen el umbral de usuarios previsto por la ley. En la práctica, esto significa que otros chatbots o asistentes basados en IA que ofrezcan funciones similares y logren una presencia masiva en el mercado europeo podrían verse sometidos al mismo tipo de escrutinio que ChatGPT en un futuro próximo.
Con la entrada de ChatGPT en esta categoría, la regulación europea de la inteligencia artificial gana un nuevo campo de actuación que se superpone con la normativa sobre plataformas y buscadores, y que obligará a los grandes proveedores de servicios de IA a replantearse cómo diseñan, comunican y supervisan sus productos cuando operan a escala en la Unión Europea.
La decisión de Bruselas sitúa así a ChatGPT bajo un nivel de control sin precedentes para un servicio de IA generativa, marcando un punto de inflexión en la forma en la que Europa quiere relacionarse con estas tecnologías: permitiendo su despliegue, pero exigiendo que quienes las ofrecen asuman responsabilidades proporcionadas a su alcance y a los riesgos que pueden generar.
Editor profesional de Tecnología y Software